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Urbanismo insta a las empresas a pedir licencia ambiental y no descarta suspender temporalmente la actividad si no la solicitan en el plazo otorgado
El Ayuntamiento de Alicante notificado a las mercantiles CESA Alicante, S.A., BERGE MARÍTIMA S.L., y ALICANTE PORT S.L. el rechazo de las alegaciones presentadas al primer requerimiento municipal para que las empresas solicitaran licencia ambiental. Tras analizar los escritos de alegaciones presentados ante el Ayuntamiento por las tres empresas estibadoras que manipulan graneles pulverulentos al aire libre en el Puerto de Alicante, los técnicos municipales del servicio de disciplina urbanística han concluido finalmente en sendos informes que el instrumento de intervención ambiental aplicable a la actividad es el de licencia ambiental y no el de declaración responsable.
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, firmó el pasado viernes 11 de agosto los tres decretos, uno por cada una de las empresas, en los que se insta nuevamente a las empresas, en base a los informes antes mencionados, a presentar en el plazo de un mes - a contar desde su notificación efectiva - la correspondiente solicitud de licencia ambiental. El edil espera que las empresas soliciten la exigible licencia en el plazo concedido, ya que de lo contrario cabría plantear, como ya ha hecho Conselleria si persiste el incumplimiento de las condiciones de la autorización de emisiones a la atmósfera, la suspensión temporal de la actividad.
Pavón pide a Conselleria que incluya la obligatoriedad de naves cerradas
En cuanto al incumplimiento por parte del Puerto de las condiciones de la autorización autonómica, el vicealcalde señala que, pese a que, "valoramos positivamente que Conselleria multe a la Autoridad Portuaria y que emplace al Puerto al cumplimiento de las condiciones de la autorización autonómica, con la advertencia de la suspensión temporal de la actividad, entendemos que la solución definitiva pasa porque Conselleria imponga, sí o sí, las naves cerradas en depresión, algo que lamentablemente no recoge la autorización autonómica al abrir la puerta a que esas naves finalmente no se construyan si las medidas correctoras provisionales reducen los niveles de contaminación por debajo de determinados umbrales.
"En nuestra opinión la autorización debería haber impuesto la obligación, sin escapatorias de ningún tipo, de construir las naves cerradas, y así se lo trasladamos a altos cargos de Conselleria antes de que se aprobara la autorización autonómica”, añade Pavón.
“Aunque lamentablemente se desoyó nuestra petición – añade Miguel Ángel Pavón – esperamos que Conselleria pueda reconsiderarla de modo que la actividad pueda desarrollarse de forma compatible con la protección del medio ambiente y de la salud en el entorno portuario, un objetivo que debe ser el que de forma común persigamos tanto el Ayuntamiento como la Generalitat tras las décadas de desidia que supusieron los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular".
