El Ayuntamiento insta al Gobierno a crear un fondo para tramitar el Ingreso Mínimo Vital

El pleno pide que no se ponga en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes ante la inviabilidad de asumir esta gestión sin nuevos recursos
El alcalde de Alicante, Luis Barcala

El pleno  del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los votos de los grupos Populares y ciudadanos y la abstención del resto de formaciones, la declaración institucional a propuesta del equipo de gobierno municipal en la que se insta al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, a crear un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital y que se haga a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el documento se reclama este recurso para "atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes". "Sin esos fondos adicionales, será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración", se añade en el escrito.

La corporación alicantina insta al departamento de Escrivá a "enviar, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas las entidades locales el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social".

Otra de las peticiones que se traslada desde Alicante al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es "garantizar que todas las Comunidades Autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación y gestión de esta ayuda y especialmente en la Comunidad Valenciana, que ya tiene una prestación de estas características como es la Renta Valenciana de Inclusión, máxime cuando ya se ha anunciado que podrán gestionarlas País Vasco, Navarra y Cataluña, generando un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas.

También se denuncia en la misma exposición de motivos de la declaración institucional la escasa información facilitada por el Gobierno, limitada a la publicación en el Boletín Oficial de Estado sobre la participación de las entidades locales, pero sin ninguna instrucción o procedimiento a seguir por los Servicios Sociales para la tramitación de esta ayuda y sin tener en cuenta el colapso que podría generar descargar esta tramitación a los ayuntamientos sin los recursos necesarios.