Antonio Peral inicia la tramitación del I Plan de Inclusión Social

La partida presupuestaria de 2020 para paliar la exclusión social se aproxima a los 25 millones y la intención es que pueda ser aprobado en el pleno de diciembre
Concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral

Antonio Peral, concejal de Coordinación de Proyectos, ha hecho entrega, durante la constitución de la Comisión del I Plan Municipal de Inclusión Social de la Ciudad de Alicante 2020-30, del documento base con el que ha comenzado el proceso participativo para la aprobación de ese Plan Municipal, lo que se prevé para el pleno municipal de diciembre. El objetivo, ha indicado, es que "las personas en situaciones de vulnerabilidad tengan las mejores condiciones posibles para que puedan integrarse en la sociedad y no quedarse atrás". Junto a Peral, y como representantes del Equipo de Gobierno, han sido Julia Llopis y Antonio Manresa, quienes han asistido a esta reunión constitutiva.

El alcalde Luis Barcala presentó a finales del pasado mes de mayo este Plan en el transcurso de una rueda de prensa. Aseguró que en este año, y de acuerdo a las partidas presupuestarias del Plan, se prevé que se destinen cerca de 25 millones de euros a combatir la exclusión social desde distintos ámbitos.

Las conclusiones recogidas en las distintas subcomisiones para la recuperación de Alicante, que mañana finalizan, se incluirán en este Plan, como ha explicado Peral. Los distintos grupos políticos con representación municipal tendrán un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones. A continuación, y como ha reseñado Peral, será remitido a 150 entidades sociales de Alicante para que hagan propuestas y sugerencias "como parte indispensable de este proyecto, como es el proceso participativo". La intención es que pueda ser aprobado en el Pleno de diciembre.

Tres de las líneas estratégicas de este Plan son promover la procesos de autonomía personal y de inclusión social de hombres y mujeres, la superación de los desequilibrios y desigualdades territoriales, y favorecer la colaboración entre las administraciones y la iniciativa social y la corresponsabilidad.