Alicante rechaza los privilegios fiscales pactados entre el Gobierno y EH Bildu

Barcala denuncia trato de favor a los municipios del País Vasco y Navarra a cambio del apoyo a la prórroga del Estado de Alarma
El alcalde de Alicante, Luis Barcala

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional rechazando los privilegios fiscales pactados entre el Gobierno y EH Bildu para los ayuntamientos vascos y navarros, ninguneando la representatividad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se comprometa a derogar la reforma laboral como moneda de cambio. La declaración ha salido adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y en contra de PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Solo ha contado con la unanimidad de todos los grupos el tercer punto que planteaba la solicitud de que el Gobierno libere fondos del superávit de los ayuntamientos para hacer frente a las necesidades sociales y económicas de la pandemia.

Las formaciones del equipo de gobierno municipal han presentado esta declaración a instancia del propio alcalde, Luis Barcala, que como vocal de la FEMP, ha rechazado estas prebendas negociadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez con los radicales proetarras para apoyar la última prórroga del Estado de Alarma. Barcala ha rechazado que el Gobierno de socialistas y podemitas permita que EH Bildu se erija como representantes del municipalismo, cuando esa representación corresponde a la FEMP. "El Gobierno de España nos ha estado dando la espalda a todos los municipios representados en la FEMP al pactar cuestiones que afectan a los ayuntamientos solo con EH Bildu. No podemos renunciar a lo que somos y ahí respondemos como concejales ante los alicantinos", ha señalado el alcalde. 

La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha recordado que "cualquier cambio en el mercado laboral puede acarrear una grave crisis en una situación como la que nos encontramos" y que "los ayuntamientos necesitamos el superávit y que el Gobierno destine fondos  los ayuntamientos para hacer frente a las medidas contra la pandemia y no que se dedique a pactar con EH-Bildu mejoras fiscales solo para los ayuntamientos vascos y navarros".

La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez ha suscrito las palabras de la portavoz popular y ha recordado las 857 víctimas de ETA para rechazar el pacto del Gobierno con EH-Bildu, "blanqueando la imagen de los herederos de la banda terrorista". En la misma lista ha rechazado que "se ofrezca ventajas fiscales con este pacto solo a los ayuntamientos vascos y navarros" y ha pedido al Gobierno que "libere los fondos de los superávits de los ayuntamientos generados con los impuestos locales, como en Alicante, para poder hacer frente a la pandemia y a la crisis que ha ocasionado". 

Barcala consideraba esta semana tras finalizar una reunión con la FEMP como “una afrenta al municipalismo que el ejecutivo socialista conceda a una organización independentista un papel de representación de los ayuntamientos que no le corresponde mientras ignora a sus representantes legítimos, que sólo hemos conseguido reunirnos una vez con Pedro Sánchez desde que se declaró la pandemia, pese a que somos los municipios los que estamos en primera línea de batalla contra el Covid 19 y sus efectos sobre las familias más vulnerables y los autónomos y pequeños y medianos empresarios”.

En este sentido, el alcalde manifestó que estimaba “discriminatorio, inaceptable y un trato de favor inadmisible que el Gobierno conceda privilegios a los ayuntamientos vascos y navarros a cambio del apoyo de EH-Bildu a la prórroga del Estado de Alarma mientras que ignora los reiterados llamamientos que hemos hecho desde los ayuntamientos a que se nos deje disponer de nuestros fondos para luchar en mejores condiciones contra los efectos sociales y económicos de la crisis del Covid 19. Mientras que a la FEMP y a los ayuntamientos que estamos en ella representados el Gobierno nos maniata y nos priva de nuestros recursos, a otros les da un trato de favor incompatible con la exigencia que tiene todo gobernante de tomar decisiones justas que beneficien a todos los españoles y no sólo a unos pocos”.