El PGE contempla la creación de una red de alojamientos para arrendarlos a colectivos desfavorecidos, familias en situación de emergencia habitacional, mayores y menores de 35 años
"La vivienda es una absoluta prioridad de este equipo de Gobierno y por eso crearemos esta bolsa pública municipal que garantizará a los alicantinos el acceso asequible”, destaca el concejal de Urbanismo, Antonio Peral
Alicante, 2 de abril de 2026. Alicante ampliará su red de viviendas públicas de alquiler social con la incorporación de alrededor de 1.300 unidades que se destinarán a arrendamiento para colectivos desfavorecidos, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes menores de 35 años, y hogares en situación de vulnerabilidad, exclusión o emergencia habitacional. El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante contempla destinar nueve parcelas dotacionales en distintos barrios de la ciudad a este fin.
El equipo de Gobierno del alcalde Luis Barcala ha abierto un proceso de participación para presentar el Borrador del PGE, el documento urbanístico más importante de los últimos 39 años ya que establece las pautas y la regulación necesarias para el desarrollo social y económico de Alicante así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años. Tras la celebración de las mesas temáticas sobre infraestructura verde y movilidad, el próximo martes, a las 17.30 horas, en Puerta Ferrisa, tendrá lugar la tercera, sobre dotaciones y servicios, en la que se debatirá la estrategia de desarrollo de viviendas dotacionales de alquiler social.
"La vivienda es una absoluta prioridad de este equipo de Gobierno y así lo estamos demostrando tanto con las nuevas promociones de vivienda social y de vivienda de protección pública que hemos impulsado y ya están en marcha, como en la planificación urbanística de la ciudad para los próximos años”, apunta el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. “Esta reserva de suelo para alquiler social, que no tiene precedentes, nos permitirá disponer de una amplia bolsa pública municipal para garantizar el acceso de los alicantinos a una vivienda asequible”, añade el edil.
En concreto, las parcelas seleccionadas se encuentran en Juan Pablo II (PAU 1), Benisaudet, PAU 5, Playa de San Juan (PP-1/6), Cerámica Santo Tomás (APD-2), Benalúa, Cornisa de San Agustín (APD-6) y Zona Norte (Gastón Castelló).
Red estructural de vivienda social
En el marco del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), el PGE plantea como estrategia básica en materia de vivienda la creación de una red municipal estructurante de parcelas residenciales dotacionales (QR), destinada a vivienda pública en régimen de alquiler para colectivos vulnerables -personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad o exclusión-, así como a vivienda colaborativa en cesión de uso, un modelo que combina espacios privados y zonas comunes, promoviendo la vida en comunidad, mientras que la cesión de uso otorga un derecho de ocupación estable y asequible sin transferir la propiedad.
La ciudad de Alicante cuenta actualmente con un parque público de vivienda en alquiler, pero las necesidades actuales y futuras superan a la oferta existente, por lo que la configuración de esta red de suelos supone una cuestión estratégica de primer orden.
Esta estrategia se apoya en la reutilización y recualificación de suelos dotacionales existentes, que pueden provenir de usos educativos que, tras el análisis de necesidades, no resultan necesarios para centros de enseñanza reglada, garantizando la suficiencia de reservas para el sistema educativo, así como de otros usos dotacionales sobrantes o infrautilizados.
Se trata de operaciones dotacionales flexibles, en las que no toda la parcela tiene que destinarse a uso residencial, permitiendo coexistir con otros equipamientos en planta baja o la creación de zonas verdes que contribuyan al espacio urbano y a la calidad de vida de la ciudad. De este modo, se optimiza el suelo público disponible para atender la demanda de vivienda asequible, favoreciendo una ordenación urbana más eficiente, integrada y socialmente orientada.
Su desarrollo deberá materializarse mediante proyectos de alta calidad arquitectónica, impulsados a través de concursos de diseño, y orientados a la sostenibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva.
Al mismo tiempo, el PGE garantiza una cantidad suficiente e incluso excedente de suelo dotacional con otros usos, para cubrir las previsibles necesidades futuras de la ciudad.
