Plan de Acción

Introducción

El Ayuntamiento de Alicante está realizando un esfuerzo considerable en los últimos años, para potenciar la transparencia, con el objetivo de hacer unos servicios más eficientes y más accesibles a los ciudadanos. Su incorporación a las diferentes redes institucionales para intercambiar y diseñar proyectos con otros Ayuntamientos del Estado y con entidades sociales diversas es un ejemplo de ello.

Los trabajos desarrollados activamente en relación a la transparencia, el acceso a la información pública y normas del buen gobierno, deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, tal y como se recoge en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La citada Ley 19/2013 tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

La ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, viene a impulsar esta nueva política de transparencia informativa, promoción de la reutilización de datos públicos, implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas, así como la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas. 

• Implica el impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública, permitiendo a la ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.
• Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos.
• Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos.
• Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica.

Integridad Institucional

Para ello, se ha avanzado en diversas de acciones:

• Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Alicante y sus OO.AA.
• Código de Buen Gobierno Local
• Adhesión Carta Buenas Prácticas Administración Local y Autonómica
• Adhesión Red de Entidades Locales por la Transparencia (FEMP)
• Adhesión Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda Urbana 2030
• Xarxa > de 50.000 habitantes
• ITA (Transparencia Internacional). Ranking estatal
• Adhesión Red de Palaus Transparents. 
• Declaración Institucional Antifraude en le EDUSI
• Red de Ayuntamientos kaleidosred. Reunión Anual Alicante

Buenas Prácticas

Procedimientos y Mecanismos

Se han articulado para hacer una efectiva acción que permita la participación activa de la ciudadanía en un marco específico:

• Comisión Transparencia Municipal, Acceso a la Información y Buen Gobierno
• Derecho de Acceso a la Información
• Jornadas Formativas de Gobiernos Locales (Ediciones VI, VII, VIII, IX, X)
• Procesos Participativos (Edusi) (Agenda Urbana) (OI6)
• Ordenanza Municipal de Transparencia (en fase previa)

Medidas Antifraude Fondos Europeos

• Plan de Medidas Antifraude (PRTR - Fondos NextGenerationEU)
• Antifraude EDUSI - Fondos Feder

Observatorios

• Observatorio Calidad de los Servicios Municipales
• Observatorio Municipal de Vivienda en Alquiler

Sostenibilidad / RSC

• ​Memorias de Gestión Sostenible (2020 - 2021)

Sector Público Local

Entidades Participadas del Ayuntamiento de Alicante. El ámbito subjetivo de aplicación de la ley 19/2013, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas.

También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se hace referencia.